La Justicia Laboral en crisis: La falta de criterios unificados ahoga a las Pymes
Con diversas fórmulas de cálculo aplicadas por las distintas salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, las empresas enfrentan montos difíciles de afrontar, poniendo en riesgo su continuidad.
La falta de un criterio unificado en la Justicia Laboral de Argentina está generando serios inconvenientes para pymes, bares, colegios y otras instituciones que enfrentan juicios laborales. El principal problema radica en las diversas fórmulas de cálculo de indemnizaciones que emplean las diez salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, lo que provoca fallos dispares y, en muchos casos, indemnizaciones excesivas que son difíciles de afrontar.
Desde 2022, con el aumento de la inflación bajo el gobierno de Alberto Fernández, la Cámara de Apelaciones del Trabajo comenzó a actualizar las indemnizaciones mediante la capitalización anual de intereses, una práctica conocida como anatocismo, prohibida por el Código Civil original. Esto ha resultado en indemnizaciones hasta un 50% más elevadas en dólares que hace siete años, incrementadas por la inflación y el tiempo transcurrido.
Las pymes son particularmente vulnerables a este sistema. Un ejemplo reciente es el de una cadena de cafés en Buenos Aires, que debe pagar $140 millones a una trabajadora que estuvo empleada durante seis años. Otro caso alarmante es el de un colegio en Hurlingham, que enfrenta una deuda superior a los $103 millones, poniendo en riesgo su continuidad si la sentencia laboral se ejecuta.
El conflicto se agravó en septiembre de 2022 con la adopción del acta 2764 por la Cámara de Apelaciones, que permitió la capitalización de intereses, lo que llevó a indemnizaciones impagables y provocó la intervención de la Corte Suprema. En febrero de 2024, la Corte anuló un fallo que obligaba a pagar una indemnización con un 8000% de intereses, y aunque la Cámara intentó corregir el problema con una nueva fórmula en marzo, esta también resultó en montos elevados.
Actualmente, las diferentes salas de la Cámara de Apelaciones siguen empleando métodos diversos para actualizar las indemnizaciones. Algunas utilizan el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un porcentaje adicional, mientras que otras aplican el índice CER, generando incertidumbre para las empresas, que no pueden prever el monto final de una indemnización.
Un caso emblemático es el de una empleada despedida en 2016, cuya indemnización inicial era de $1.715.000 en 2017, equivalente a $106.000 en ese entonces. Sin embargo, la demora en el juicio y la fórmula aplicada aumentaron el monto a $184 millones en 2024, equivalentes a $150.000, un incremento del 50% en dólares.
Empresarios y directivos han expresado su preocupación, señalando que el sistema castiga a las empresas por la ineficiencia de la justicia. Aunque los salarios han disminuido un 20% en términos reales en los últimos años, las indemnizaciones han aumentado debido a las fórmulas de actualización, lo que pone en riesgo la viabilidad de muchos negocios.
Este problema no afecta solo a las pymes. Recientemente, la Corte Suprema anuló un fallo que imponía a la empresa Muresco SA el pago de 53 salarios en concepto de multas a una empleada con menos de dos años de antigüedad. Estas decisiones generan controversia, ya que las multas por irregularidades en la contratación laboral aumentan significativamente los montos finales de las indemnizaciones.
En resumen, la falta de un criterio unificado en la actualización de indemnizaciones ha creado una crisis en la justicia laboral argentina, afectando gravemente a las empresas y aumentando la incertidumbre sobre los costos que deberán enfrentar ante un despido o conflicto laboral.