La dictadura de Ortega revocó la nacionalidad y retiene bienes a un grupo de exdetenidos políticos

Nicaragua revocó este martes la nacionalidad y confiscó los bienes de 135 exdetenidos políticos que, tras ser liberados por mediación de Estados Unidos, fueron enviados a Guatemala la semana pasada.

Esta práctica, utilizada previamente por el gobierno de Daniel Ortega y rechazada por la ONU, fue una medida recurrente desde el aumento de la represión tras las protestas de 2018.

El poder judicial, bajo control del gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, anunció la decisión a través de un tribunal de Managua. Según un comunicado oficial, las 135 personas fueron despojadas de su nacionalidad nicaragüense y sus bienes confiscados, bajo la acusación de "atentar contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense". 

La palabra de uno de los activistas político, Jason Salazar

Uno de los afectados, el activista político Jason Salazar, detenido en 2023, expresó a RFI su sentimiento de "destierro" tras su liberación.

"Después de 18 meses en los calabozos del régimen, me veo forzado al exilio, y ahora, según la dictadura, ya no somos ciudadanos nicaragüenses. Pero ser nicaragüense es algo que no nos pueden arrebatar", afirmó. Salazar y los demás exiliados ahora enfrentan el desafío de adaptarse a una nueva vida en Guatemala, con muchos de ellos gestionando su situación migratoria.

"Estamos intentando resolver nuestra situación para poder seguir adelante", añadió el activista. La ONU criticó una reciente ley aprobada por el parlamento nicaragüense que, según sus observaciones, intensificaría la represión contra los exiliados. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU discutió este martes en Ginebra un informe presentado por Christian Salazar Volkmann, quien alertó sobre la creciente represión en Nicaragua y llamó a proteger los derechos de los ciudadanos exiliados.

Desde las protestas de 2018, más de 5.500 ONG han sido clausuradas y sus activos confiscados. Las manifestaciones de ese año dejaron más de 300 muertos y, desde entonces, miles de nicaragüenses han sido forzados al exilio.

Según Manuel Orozco, experto de la organización Diálogo Interamericano, el régimen de Ortega realiza "purgas" cada tres meses, lo que permite mantener el control del poder. Tras la llegada de los 135 exdetenidos a Guatemala, un representante de Estados Unidos instó a Ortega a no despojarlos de su nacionalidad, como ya ocurrió con otros presos políticos liberados y opositores exiliados.