Denunciaron a un boliche clandestino en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo

El Gobierno Nacional presentó una denuncia contra la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo por el uso indebido de un inmueble cedido en 2018 por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) con fines educativos. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, el espacio, ubicado en Avenida Rivadavia al 2700, fue transformado en un boliche clandestino y utilizado para actividades completamente ajenas a su propósito original.

En una conferencia de prensa desde Casa Rosada, Adorni detalló: "Hace algunas horas la PFA allanó un boliche clandestino en un piso cedido a la universidad. Si escucharon bien, un boliche clandestino. El inmueble se prestó con fines educativos, pero fue desvirtuado para actividades que incluyen parlantes, luces, barras de bebidas alcohólicas y eventos bailables".

Graves desvíos y uso irregular del inmueble

La denuncia, presentada por el Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona, acusa a los administradores del espacio de malversación de caudales públicos y de un uso sistemático del inmueble para fines personales y políticos. "Esto representa una grave desviación de los fines educativos y una falta de respeto a los contribuyentes argentinos", sostuvo Adorni.

El vocero también reveló otros usos indebidos del lugar, como la instalación de una vivienda privada en el tercer piso, ocupada por la familia Vázquez, y el funcionamiento de diversas organizaciones, como una sede del Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social (MILES), vinculada al exlíder piquetero Luis D'Elía, y la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA), que operaba durante tres horas diarias.

Además, se encontraron vestigios de un estudio de radio denominado "Radio Rebelde", cuya emisión se realizaba por la frecuencia AM 740, y otros espacios destinados a la organización de eventos y actividades políticas partidarias.

Detalles de la denuncia presentada

El Ministerio de Justicia afirmó que el uso del inmueble configuró un delito de malversación de caudales públicos, según los artículos 261 y 262 del Código Penal. En el documento presentado se señala que "la utilización del espacio para actividades políticas, viviendas privadas y la comercialización de productos constituye una sustracción de recursos del Estado".

Durante el allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina, se tomaron imágenes del boliche y de las instalaciones, las cuales fueron adjuntadas como prueba en la denuncia. "En definitiva, se ha actuado con dolo y sin justificación alguna", concluye el texto presentado ante la Justicia.

El Gobierno anunció que el inmueble será recuperado y destinado a su venta, mientras que los responsables del uso indebido deberán rendir cuentas ante la Justicia. Adorni sentenció: "Se terminó la fiesta para quienes utilizaron recursos públicos para fines personales y políticos".